Enrique Fossul habla de la huelga general de la Administración Pública

En una carta remitida a toda la afiliación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, el Secretario General de dicha Federación, Enrique Fossul habla del por qué de la huelga general y se expresa en estos términos:

Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Estamos a pocos días de la HUELGA GENERAL del Sector Público, convocada unitariamente por CCOO, CSIF y UGT, con el apoyo de otros sindicatos y asociaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

La crisis financiera y económica internacional, la primera gran crisis de la economía globalizada, que sufrimos desde mediados de 2008, tiene su origen en la prevalencia de la economía especulativa frente a la productiva y la ausencia de controles de un sistema financiero que jugando irresponsablemente ha liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.

Desde CCOO hemos planteado propuestas concretas para actuar sobre el empleo y el tejido productivo, estableciendo las bases de un nuevo modelo productivo que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma, asegurando la cohesión social. Los sindicatos, estamos comprometidos con los sectores más desfavorecidos impulsando medidas de protección hacia ellos. Sin embargo, la subordinación del Gobierno español a los intereses de los mercados financieros, ha forzado una salida muy diferente. Primero fue el Plan de Austeridad y la intención de alargar la edad obligatoria de jubilación de los 65 a los 67 años y ahora se concreta con el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Estas medidas suponen: la congelación de las pensiones; el recorte de un 5% del salario de las empleadas y los empleados públicos con la confusa amenaza, en su aplicación inmediata, de que dicho recorte afecte al conjunto del Sector Público. Lo que no dudamos es que se quiere hacer realidad, ya que se condiciona su negociación colectiva a la autorización de la masa salarial por el Ministerio de Economía y Hacienda (art. 25.4) excluyendo singularmente a tres empresas (ADIF, RENFE Operadora y AENA) de los recortes, pero no de la prevista congelación para 2011; la supresión del período transitorio para adaptar el régimen de jubilación parcial; el ajuste del período de carencia para tener derecho a pensión hasta 15 años; la supresión de la retroactividad en materia de ayuda a la dependencia; o, la reducción de la inversión pública.

Unas medidas que insisten en la reducción de los gastos, incluidos los sociales, renunciando a intervenir por la vía de incrementar los ingresos, vía impuestos, como han hecho o han anunciado otros países, elevando la presión fiscal a las grandes empresas y rentas más altas que, pese a la crisis, mantienen elevados beneficios e ingresos, o actuando sobre el fraude fiscal y la economía sumergida.

Estas medidas nos cargan de razones para ir a la HUELGA GENERAL en el Sector Público, por que hay que dar una respuesta contundente a una agresión de tal calado y hay que darla ahora, en el momento en el que se van a comenzar a aplicar los recortes salariales.

Porque LA IMPOSICIÓN DEL RECORTE DE LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICAS ES INJUSTO, tras haber aceptado en el acuerdo del 25 de septiembre un esfuerzo solidario de contención para el período 2010-2013, vulnerando, por lo tanto, el derecho a la negociación y castigando a colectivos en muchos casos con salarios moderados y bajos, cuyo trabajo es básico para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Porque con este RECORTE se REDUCE LA CAPACIDAD DE COMPRA de más de 11 millones de personas del sector público y pensionistas, lo que provocará un descenso del consumo cuando la reactivación necesita estimular la demanda.

Porque dicho RECORTE ES DESEQUILIBRADO pues se opta por reducir la inversión en obra pública que frenará la actividad económica y supone la renuncia a crear empleo en ese ámbito.

Porque la anunciada REDUCCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO supone una APUESTA POR LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, abriendo una clara puerta a la externalización y privatización de servicios fundamentales para la ciudadanía, como la Educación, la Sanidad, etc.

Porque la RENUNCIA a avanzar en medidas como LA JUBILACIÓN ANTICIPADA O LA JUBILACIÓN PARCIAL, pone aún más obstáculos para el acceso de la juventud al mercado de trabajo, mientras se producen los intentos de la patronal y del Gobierno de abrir paso a un contrato más desregulado y sin derechos.

Pero lo más importante es que las medidas SUPONEN UNA QUIEBRA DE LA LEGITIMIDAD DEL DIÁLOGO SOCIAL, pues la congelación de las pensiones va en contra de 15 años de consenso en torno al Pacto de Toledo, al dejar sin efecto una de sus regulaciones legales: la revalorización anual de las pensiones.

Porque REDUCIR EL SALARIO DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICOS “POR DECRETO” es un manifiesto incumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado septiembre entre Gobierno y sindicatos y CUESTIONA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA RECOGIDO EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

Porque intervenir en la negociación colectiva del personal laboral de las administraciones públicas, recortando sus salarios, y condicionando los futuros incrementos del resto del Sector Público, SIGNIFICA UNA VULNERACIÓN sin precedentes del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES y deja a estas personas en una situación de indefensión a la hora de negociar sus condiciones de trabajo.

Porque a nadie se le escapa que, con la patronal que tenemos en este país, estas medidas CONTAMINARÁN EL DIÁLOGO SOCIAL GENERAL y AMENAZAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PRIVADO.

En consecuencia, me permito, como secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, dirigirme a ti, porque lo que está en juego el 8 de junio es más que el rechazo a un recorte y una congelación, a la reducción del empleo público con la amortización de vacantes con sus efectos en la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos, a la paralización y retracción de la inversión pública con su efecto en el empleo y en cohesión territorial, al retroceso del sector público acosado por las ansias privatizadoras de la derecha y la patronal.

Lo que ESTÁ EN JUEGO ES LA PROPIA ESENCIA DEL DERECHO LABORAL: el DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Por todo ello, te pido que, como parte de la afiliación de la FSC-CCOO, PARTICIPES ACTIVAMENTE EN LA HUELGA Y LAS MANIFESTACIONES DEL 8 DE JUNIO.

Enrique Fossoul de la Sierra

Secretario General FSC-CCOO